El soterramiento de la red eléctrica es una de esas obras que no se ven hasta que falla algo. En Galicia, donde los temporales de invierno dejan cada año miles de clientes sin luz, la pregunta que se repite en los concellos del interior es la misma: ¿por qué no se entierran los cables y se acaban los apagones?
La respuesta corta es el dinero. Soterramiento cuesta entre 5 y 10 veces más por kilómetro que una línea aérea: entre 300.000 y 600.000 euros por kilómetro en zona rural, frente a los 60.000-90.000 de la línea aérea equivalente. En una comunidad con más de 30.000 kilómetros de red de distribución, la cuenta es difícil de sostener.
Cuánto se ha soterrado ya
Según los datos de planificación de las distribuidoras para el periodo 2021-2026, Galicia ha soterrado en torno al 35% de su red de media y baja tensión, con diferencias enormes entre el ámbito urbano (más del 70%) y el rural (por debajo del 20%). El plan de inversión de la Xunta para el ciclo 2026-2031 prevé destinar 180 millones a reducción de la siniestralidad de la red, aunque sin fijar un objetivo concreto de kilómetros enterrados.
La comparación europea deja a España en una posición intermedia: los Países Bajos superan el 60% de soterramiento, Alemania ronda el 50% y Francia el 40%, pero son países con menor dispersión geográfica. El problema gallego no es técnico: es la dispersión. Un tercio de los 313 concellos tiene menos de 3.000 habitantes, lo que significa redes larguísimas para muy pocos clientes.
Las alternativas que ya se usan
Antes de soterrar, las distribuidoras están aplicando soluciones más baratas con resultados medibles. La poda selectiva de arbolado en los corredores de las líneas —responsable de más del 40% de las averías en temporales— ha reducido un 22% las incidencias en las zonas donde se aplicó de forma sistemática. También se están sustituyendo los apoyos de madera por postes de hormigón y se instalan seccionadores automáticos que aíslan el tramo averiado y evitan que el corte se propague.
Otra vía es la generación de proximidad. Las comunidades energéticas que instalan placas fotovoltaicas en el tejado del ayuntamiento o de la cooperativa agrícola permiten mantener servicios básicos incluso cuando la red principal cae. En Ourense hay ya una decena de proyectos piloto de este tipo, financiados en parte con fondos europeos.
El coste que nadie quiere pagar
El debate real es quién paga. El soterramiento encarece el recibo: cada kilómetro enterrado se amortiza durante décadas a través de la tarifa eléctrica, y en un país donde la factura ya es una de las más caras de Europa, ningún gobierno quiere asumirlo en solitario. El resultado es un equilibrio incómodo: se sotierra donde hay presión política o concentración urbana, y se hace mantenimiento preventivo en el resto.
La alternativa —no hacer nada— tampoco es gratis. Cada temporal deja pérdidas por producto no vendido, daños en equipos y, en el caso de municipios con población muy envejecida, riesgos reales para personas que dependen de equipos médicos. Varios concellos han empezado a instalar generadores de respaldo en los centros de salud, una medida de urgencia que cuesta menos que el soterramiento pero no resuelve el problema de fondo.
El horizonte 2030
La electrificación del consumo —coches, bombas de calor, calefacción— va a aumentar la presión sobre una red diseñada para otro siglo. Los expertos consultados coinciden en una idea: el soterramiento total no es la respuesta, pero tampoco es aceptable mantener el nivel actual de averías en zonas rurales. La solución probable pasa por una red híbrida: enterrar los tramos críticos, mejorar el mantenimiento del resto y añadir capacidad de respaldo local.
Es menos vistosa que cortar una cinta en una obra, pero es la única que se puede pagar sin que la factura eléctrica suba otro 10%.
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